La despoblación que sufren los municipios de Aragón, y en especial los de la provincia de Zaragoza, se ve reflejado en la antigüedad de los edificios y en las condiciones en las que se encuentran los inmuebles.

Los municipios de menos de 2.000 habitantes sufrían de un porcentaje de inmuebles en malas condiciones del 14% del total. Además, en los municipios con menos de 2.000 habitantes el 51,67% de los edificios destinados a vivienda tienen más de 70 años de antigüedad, mientras que en los de más de 2.000 hab el porcentaje es 22,65%

Figura 1. Porcentaje de inmuebles calificados como ‘ruinoso’, ‘malo’ o ‘deficiente’ en el último censo.

Este problema no afecta sólo al inmueble, sino también a la imagen del pueblo, que al verse perjudicada, desincentiva desplazamiento a este para residir temporal o permanentemente. Pero también plantea problemas de desperdicio de espacio, de sellado innecesario de esos suelos, de pérdida de ingresos municipales, y otros relacionados con el urbanismo.

La propiedad del inmueble conlleva una serie de obligaciones dado que, como todas las acciones individuales (o en este caso, inacción) tienen un impacto social, tanto mayor cuanto más pequeña la comunidad. Los planes urbanísticos se preocupan mucho de cómo debe crecer la ciudad, pero no de cómo debe reducirse su extensión, probablemente porque este es un fenómeno que, aunque no es nuevo, no ha sido prioritario. Este es un problema que ya es una realidad y debe afrontarse en paralelo con medidas que, desde otras perspectivas, ponga freno a la pérdida de población y a la concentración en la capital.

Teniendo en cuenta que en los municipios con menos de 2.000 habitantes el 82,2% de los hogares están en propiedad (en el municipio de Zaragoza el 79% y en la provincia el 69%) y el envejecimiento de los municipios pequeños (en los de menos de 2.000 habitantes la población mayor de 65 años es el 35,60%) actuar sobre este problema es urgente para evitar que el deterioro continúe y se retroalimente, ya que la pérdida de atractivo por el deterioro hace difícil recuperar o estabilizar la población.

Este escenario tiene su reflejo en el mercado inmobiliario. En el estudio realizado para la Cátedra de Despoblación encontramos que un número limitado de municipios concentran la mayor parte de la actividad tanto en compraventa de vivienda como en alquiler. Quince municipios tuvieron cincuenta o más compraventas en 2017 mientras que fueron veintiuno los que superaron los cincuenta contratos de alquiler declarados en ese mismo año.

Figura 2. Número de alquileres y variación los últimos 5 años.

En conclusión, se debería pedir a las instituciones acciones que conduzcan a reflexionar sobre las prioridades urbanísticas en los próximos años en los municipios de la provincia y sobre sobre el tipo de ciudad más adecuado a la sociedad actual. La cuestión del futuro de la movilidad (cómo se van a desplazar los ciudadanos y para qué) también es determinante en el diseño de esas prioridades, así como las relativas a las necesidades energéticas y cómo van a ser satisfechas. Por último, tal como se propone en el informe de la Cátedra de Despoblación antes mencionado, para la adecuada gestión del ámbito urbanístico por parte de ayuntamientos y comarcas, se precisa una buena ‘contabilidad’ de los inmuebles y su estado: si están abandonados, si se usan sólo en vacaciones, si están en alquiler o residen los propietarios o están cedidos, etc, contabilidad que hay que desplegar en cada municipio.

B. Subero