¿Por qué nadie cuestiona la brutal fiscalidad inmobiliaria?

Uno de los pequeños aspectos positivos del reciente debate acerca del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) ha sido que, por fin, una parte de la sociedad se ha preguntado el motivo de la existencia de un determinado impuesto.

Es necesario que, como decimos en Aragón, «nos den un pescozón» (golpe dado con la mano en el pescuezo o la cabeza), para que nos demos cuenta de las cosas. En su día ocurrió con la denominada «Plusvalía municipal», que pasó de ser algo que nos cobraban cuando vendíamos un piso y suponía una cuantía residual, que nadie cuestionaba, a suponer unas cuantías elevadas que, en un escenario de crisis, en el que se tuvo que bajar notablemente el precio para poder vender, suponía la «puntilla», engordando las arcas públicas a cambio de la reducción de recursos del «consumido vendedor». Esto último era lo de menos.

El caso del IAJD, siendo menos relevante económicamente, ha tenido mucho más impacto. Fíjense que se trata de un impuesto del 1,5%, no se si es este porcentaje en todas las comunidades autónomas, en Aragón es así desde la nueva legislatura (antes era el 1%) y, curiosamente, por exigencia para la configuración del actual gobierno autonómico, de quienes ahora se llevan las manos a la cabeza acerca de la brutalidad de la banca sobre el hipotecado (entiéndase la ironía).

En la actualidad, aproximadamente el 70% de las compraventas se formalizan con financiación hipotecaria. Sin duda se trata de «una pasta», que la Ministra de Hacienda cuantificó en 5.000 millones. Pero quizá estamos perdiendo de vista otros aspectos:

  • Compramos una vivienda nueva. Pagamos SIEMPRE el 10% de IVA.
  • Compramos una vivienda usada. Pagamos SIEMPRE el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que en Aragón está en el 8% y en algunas comunidades autónomas llega al 10%.
  • Vendemos una vivienda. Pagamos la denominada «plusvalía municipal», si hay un beneficio, tributamos la correspondiente plusvalía en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas, y, si es una sociedad mercantil, en el Impuesto sobre Sociedades.
  • No hacemos nada, pues pagamos igualmente SIEMPRE el Impuesto sobre Bienes inmuebles.

Perdonen si he cometido alguna incorrección de naturaleza fiscal, no es mi especialidad, pero termino simplemente añadiendo otro amplio abanico de figuras impositivas que actúan sobre los bienes inmuebles: Impuesto de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, ICIO…

Compremos, vendamos o simplemente no hagamos nada, la fiscalidad actúa intensamente sobre los bienes inmuebles.

Y yo me pregunto, ¿qué recibe a cambio el mercado inmobiliario?, ¿en qué se le ha ayudado cuando lo ha necesitado?, ¿qué consideración se tiene hacia el sector?

Insisto en no pocas de mis intervenciones acerca de una reflexión: «cuando el mercado inmobiliario va bien las arcas públicas van bien y viceversa». El cuidado necesario del mercado inmobiliario por parte del sector público debería ser una de sus prioridades. Gran parte de las políticas públicas llevadas a cabo, en definitiva, el estado de bienestar es consecuencia de la contribución del sector inmobiliario.

A las preguntas anteriores me voy a auto responder: ¡NADA!

Perdón, sí recibe algo el mercado inmobiliario: una absoluta falta de consideración y de respeto. Se tilda al sector como contribuyente a la especulación, formado por gente sin escrúpulos, buscadores del beneficio rápido…. cuando resulta que toda esta «fiesta» la está pagando en gran parte el mercado inmobiliario.

¿Quién defiende los intereses del mercado inmobiliario? ¿Quién se encarga de llevar a la opinión pública la reflexión acerca de la justicia o no de un determinado impuesto? ¿Quién defiende la fundamental contribución del mercado inmobiliario a las arcas públicas y al sostenimiento del estado de bienestar?

En algún momento deberemos realizar la correspondiente auto crítica y pedir que, en el menor de los casos, contemos con el MERECIDO RESPETO.

Luis Alberto Fabra Garcés