Hijo, nieto y sobrino de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, además de dirigir Fincas Pinilla, es presidente del Colegio Oficial de la profesión en Aragón.

 

Para quien no esté familiarizado con la intermediación inmobiliaria, qué es y cuando se fundó el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria?

COAPI Aragón es una corporación de derecho público. Sus colegiados son Agentes de la Propiedad Inmobiliaria que ejercen su profesión de acuerdo a la normativa vigente y observando el código deontológico del Colegio. Además de velar por el ejercicio de los profesionales colegiados, nuestra institución también tiene como objetivo defender el derecho de los consumidores para evitar perjuicios en sus intereses. De hecho colaboramos con las Oficinas de Defensa del Consumidor, tanto públicas como privadas y también con las Administraciones Públicas. A modo de ejemplo, COAPI es punto de información catastral, abierto para todo el público.

Su fundación data de 1.959, cuando los profesionales del sector se denominaban Corredores de Fincas , porque entonces existía un tráfico intenso de fincas rústicas. Los colegiados, como mi abuelo (cofundador del Colegio), solían reunirse en las cafeterías más céntricas de la ciudad, como  La Maravilla o Las Vegas. En los años cincuenta no había televisión,  y el teléfono no tenía gran difusión todavía, por lo que había mucha vida social.

¿Porqué deberíamos confiar en un colegiado en vez de actuar por su cuenta? 

No sólo en el mundo inmobiliario se debe confiar en un profesional colegiado, pero considerando lo arduo que resulta el negocio en torno a los bienes inmuebles y lo importante que es llevar acabo un acuerdo con todas las garantías, la necesidad de contar con gente experta cobra más importancia. No debemos olvidar que la compraventa de una vivienda es una de las decisiones de mayor calado económico para los particulares.

¿Cuales son los motivos más comunes de litigio entre particulares?

Hay muchos casos en los que se cometen errores. Por ejemplo malentendidos en el tamaño  de la finca objeto de transacción que provocan contenciosos después de haber escriturado, proindivisos en herencias donde surgen desavenencias entre los vendedores porque uno de ellos no autoriza la venta, o también equivocaciones a la hora de calcular la cuantía en la que pueden endeudarse, que impiden el cierre de una operación. Un Agente colegiado conoce y expone perfectamente los datos del bien inmueble, actúa de mediador cuando hay múltiples vendedores y facilita información y trámites con entidades financieras, seguros y notarios, de forma que coordina todos los aspectos que conciernen una transmisión. De esta forma sí pueden llevarse a cabo operaciones con las garantías necesarias. Siempre sale barato dejarse guiar por un API.

¿Qué papel juega el Colegio con respecto a un API?

Es un centro de cobertura. Es el ente que se preocupa de que sus técnicos cumplan una serie de requisitos mínimos y que tengan capacidad, formación y una trayectoria personal íntegras a lo largo de su ejercicio. En el negocio inmobiliario se mueve mucho dinero y los intermediarios deben tener una actuación moral y técnicamente correcta. El Colegio tutela a los colegiados con formación continua, como el MERIN, (Título de experto universitario en mercado Inmobiliario  y Certificado de extensión universitaria en mercado inmobiliario) que es un título propio de la Universidad de Zaragoza. Además, mantenemos informados a nuestros profesionales a través de la continua actualización de todos los aspectos legales y de cualquier otra índole que concierne a  la actividad inmobiliaria. Todos nuestros colegiados tienen a su disposición otros instrumentos que facilitan su labor  como orientación, seguros de responsabilidad civil, etcétera.

Pero no solo atendemos a la profesión, sino que una parte importante es el ciudadano. Cualquier persona puede dirigirse a nuestro Colegio en busca de orientación, resolución de dudas, aclaraciones sobre procedimientos o información catastral, porque uno de los principales objetivos de nuestro organismo es el servicio al ciudadano.

¿Cual ha sido el antes y el después de la liberalización del sector?

Sinceramente el Real Decreto 4/2000 de 23 de julio no ha ayudado ni al sector ni a la sociedad en general. Ha sido como retirar los semáforos de una calle concurrida. Del año 2000 a 2008 los precios subieron, coincidiendo precisamente con la liberalización del sector. En consecuencia, el efecto del decreto fue claramente negativo y seguimos pagando sus consecuencias.

En muchos países europeos el acceso al ejercicio de intermediación está regulado mediante la exigencia de requisitos mínimos y en el mercado anglosajón todos los agentes de bienes raíces tienen gran reconocimiento. Todos ellos han constatado que tiene que haber regulación. En nuestro país, varias comunidades autónomas como Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid o País Vasco han aprobado la creación de un  Registro de Mediadores Inmobiliarios, de forma que se están dando pasos para la ordenación de nuestra profesión.

¿Cómo ves el futuro de la profesión?

Con esperanza y optimismo, por lo que estamos viendo en otras comunidades autónomas. La complejidad de este trabajo en todos los aspectos  y la protección al consumidor evidencian que es una temeridad carecer de normas que regulen una actividad con tanta implicación para el bienestar económico de los ciudadanos.