Ante la proximidad de las elecciones generales MIaragon pretende hacer un análisis constructivo de las políticas de vivienda que proponen los principales partidos en sus programas electorales.

Por si no te habías dado cuenta, estamos en período electoral.

Evidentemente es una ironía.

Seguro que en las últimas semanas has recibido muchas noticias relacionadas con las elecciones generales.

Y no pararán, … porque en cuanto acabe una campaña comenzará la de las elecciones autonómicas en nuestra comunidad.

Por eso, desde nuestro portal inmobiliario queremos hacer un análisis constructivo de las medidas en políticas de vivienda que llevan en sus programas electorales los principales partidos que concurren a las elecciones generales.

Con estos análisis MIaragon no se posiciona del lado de partido alguno.

Tratamos de extraer lo bueno, así como aquello que consideramos mejorable, de todas las propuestas en estudio, como forma de invitar a la reflexión en un aspecto tan importante para el ciudadano como la vivienda.

El análisis de MIAragon.es de las medidas en vivienda de Unidas Podemos.

Por el momento (y a falta de poder acceder al de otros partidos) es el programa electoral que mayor grado de detalle establece en las medidas que propone.

Están bien estructuradas y explicadas.

Además ofrecen concreción y no ideas generales.

Nos ha parecido atractiva su propuesta de dar mayor amplitud al sector de la construcción, pues entendemos que la rehabilitación y la mejora en la eficiencia energética en edificios existentes son un sector de negocio con el doble beneficio de reducción del consumo energético y un paso fundamental en contribuir al compromiso de ciudades más verdes.

No sólo se trata de construir, sino de transformar lo que ya existe.

Establecen una relación directa y de justicia entre lo que el Estado ha contribuido en tiempos de dificultades en el sector bancario con la obligación de resarcir a los ciudadanos (los que hemos pagado el rescate) en forma de beneficios para aquellos que más han sufrido los rigores de la crisis.

Proponen medidas para aumentar el parque de vivienda social en manos públicas, gestionadas a través de distintas entidades. Estas medidas funcionan en otros países de la Unión Europea con éxito.

Es positivo proteger al arrendatario y al propietario de vivienda con dificultades para pagar, pero echamos en falta mencionar los intereses de aquellos arrendadores, que no son multinacionales ni bancos (y que son muchos) para quienes una renta de alquiler supone una diferencia importante en su bienestar económico, o directamente su trabajo.

Si protegemos mucho a una parte y no proponemos el cumplimiento de las reglas de juego a todos por igual, corremos el riesgo de retraer la oferta del arrendamiento.

No se trata de sancionar, sino de animar y garantizar que todos vamos a salir ganando.

Es en este tipo de equilibrios donde un partido demuestra su acierto a la hora de legislar.

Las medidas que conducen a garantizar el derecho a la vivienda son numerosas y bien desarrolladas.

No obstante, el programa electoral no detalla con tanta profusión como van a garantizar también que el beneficio de disfrutar de una vivienda social vaya destinado a quienes realmente la necesiten.

No olvidemos que la Constitución consagra el derecho a una vivienda digna,… pero nadie la regala.

 

La política de vivienda de Unidas Podemos

La formación morada tiene disponible su programa electoral en su web https://lasonrisadeunpais.es/programa/ donde desgrana un total de 394 medidas.

De ellas, ponemos el foco desde nuestro portal inmobiliario en las medidas en política de vivienda de Unidas Podemos.

  • Reorientación del sector de la construcción hacia actividades de rehabilitación, mejora de la eficiencia energética en edificios y construcciones, domótica y adaptación a las nuevas necesidades sociales, para favorecer el saneamiento urbanístico.
  • Conversión de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) en un instrumento de gestión de un parque público de viviendas en alquiler que preste especial atención al alquiler social, lo que exige poner los activos inmobiliarios adquiridos por esta entidad al servicio de ese objetivo.
  • Restructuración de la deuda hipotecaria de los hogares mediante una reducción en el valor nominal de las hipotecas de primera vivienda en el caso de las familias que cumplan ciertos criterios sociales, como el hecho de que todos sus miembros estén en paro y no cuenten con ningún otro ingreso o que presenten ingresos inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
  • Establecimiento de un régimen de segunda oportunidad para personas físicas y jurídicas que realmente las libere de las deudas pasadas una vez que la situación de quiebra sea efectiva. Para lograrlo, implantaran un proceso simplificado de reestructuración y cancelación de deudas, como procedimiento sencillo y accesible, que constará de dos fases:
    • Fase de conciliación ante una comisión de endeudamiento (similar a los servicios de conciliación laboral) para presentar propuesta a los acreedores.
    • Fase de la vista judicial, en la que el juez acordará un plan de pagos a partir de la limitación de la deuda hipotecaria al bien hipotecado, con opción de quita o dación en pago. Con la quita se ajustará la deuda al valor del bien hipotecado, mientras que la dación en pago implicará la adjudicación del inmueble al acreedor hipotecario a cambio de la cancelación completa de la deuda.
  • Se cancelarán las deudas derivadas de los procedimientos de ejecución. Las deudas que podrán incluirse en este procedimiento serán tanto créditos privados como públicos (con la Seguridad Social y con Hacienda); y este procedimiento será válido asimismo para autónomos y pequeñas empresas.

A partir de lo anterior se regulará la dación en pago retroactiva, por la cual se cancelarán las deudas hipotecarias vivas de aquellas personas que hayan perdido su vivienda ante la imposibilidad de seguir pagando los préstamos.

  • Promoción de una ley orgánica de protección del derecho a la inviolabilidad del domicilio y prohibición de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, de modo que en ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago de alquiler u ocupación en precario motivada por la falta de vivienda, sin que la administración competente garantice un realojo adecuado.
  • Habilitación de procesos judiciales garantistas en los casos en los que pudiera producirse una restricción del derecho a la inviolabilidad del domicilio.
  • Promoción la despenalización del uso de viviendas vacías y abandonadas.
  • Promoveremos una reforma de la Ley 29 / 1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, para facilitar un alquiler estable y asequible: Se regulará el alquiler para proteger a la parte en general más débil en los contratos de arrendamiento: los inquilinos.
  • Se introducirán mecanismos para asegurar la renta y su estabilidad, de modo que se alargue el plazo mínimo para prorrogar el alquiler de la vivienda habitual hasta los cinco años.
  • Cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable y el arrendador sea un gran propietario de viviendas (es decir, propietario de al menos diez viviendas), se producirá una prórroga automática del contrato de alquiler.
  • Se garantizará el alquiler social para las personas deudoras de buena fe y sus unidades familiares que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional.
  • Los garantes de este alquiler social serán los grandes tenedores de vivienda, en especial las entidades financieras y filiales inmobiliarias, los fondos buitre y las entidades de gestión de activos (incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria y las entidades inmobiliarias), en cuyas manos se encuentran pisos vacíos con los que se creará un parque público de vivienda en alquiler social, una vez que la Administración regule este proceso mediante una ley.
  • Igualmente, se regulará por ley el concepto de alquiler social, que no podrá superar el 30 % de la renta familiar (suministros básicos incluidos). Asimismo, se tendrá en cuenta la delimitación del número de miembros de la unidad familiar para reducir la cuantía hasta un umbral sostenible.
  • Modificar el procedimiento de desahucio arrendaticio para garantizar el derecho de defensa de los inquilinos.
  • Modificaciones en el procedimiento de ejecución hipotecaria para garantizar todos los medios de defensa y prueba para la protección del deudor hipotecario en cumplimiento de diversa normativa de la Unión Europea.
  • Reforma de la Ley 18 / 2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda. Se propone un nuevo concepto de planificación de la vivienda con dos grandes novedades: afecta a la vivienda privada y se establecen medidas de fomento, de intervención y control del mercado.

Entre otras medidas destacan algunas como prohibir la privatización del parque público de viviendas en alquiler, crear figuras jurídicas que incentiven la cesión en usufructo de los propietarios a la Administración Pública de viviendas para la creación del parque público de alquiler social (garantía de cobro y conservación); sancionar el incumplimiento de uso social de la vivienda, gravar la tenencia de vivienda vacía, negociar con la banca y los fondos, compensaciones como contrapartida del rescate a la banca o crear nuevas entidades públicas de vivienda y otras fórmulas de tenencia y gestión de vivienda social.

  • Promoción una declaración de inembargabilidad e inejecutabilidad de la primera y única vivienda, de ocupación permanente. Todo inmueble destinado a ser vivienda única y de ocupación permanente se declarará como un bien inembargable e inejecutable, salvo en caso de renuncia expresa del titular.
  • Creación del Observatorio del Derecho a la Vivienda (ODV), con el objetivo de investigar y analizar la situación de la vivienda en España.

Las funciones del ODV incluirán la elaboración de censos periódicos de viviendas vacías, la realización de un seguimiento de las políticas públicas, y la elaboración de informes. Las capacidades del ODV no solo deben ser consultivas, sino también de control, seguimiento, denuncia, ejecución y elaboración de propuestas legislativas y estará compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad civil.

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