Protección de datos y prevención del blanqueo de capitales en la intermediación inmobiliaria por Luis Solana

30 diciembre, 2021
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La intermediación inmobiliaria es un modelo de negocio en virtud del cual alguien, la inmobiliaria, se compromete a indicar al dueño de una propiedad inmobiliaria, normalmente una vivienda, la oportunidad de concluir un negocio jurídico, normalmente de arrendamiento o de compraventa, con un tercero, el arrendatario o comprador, a cambio de una retribución.

En consecuencia, el intermediario inmobiliario, de un lado, tratará datos de carácter personal, probablemente tanto del vendedor como del comprador y, de otro lado, estará en contacto con transacciones económicas relacionadas con las operaciones que, por su intervención, se lleven a efecto.

Y, por ello, la intermediación inmobiliaria está sometida tanto a la normativa de protección de datos, regulada por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, como a la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales, regulada por Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

De hecho, el artículo 2.1, l) de la Ley 10/2010 establece, entre los sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales, a los “promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles”. 

El tratamiento de datos de carácter personal conlleva la obligación de hacer un análisis de riesgos y, en su caso, una evaluación de impacto de la protección de datos que regule el modo en el que el intermediario, en este caso, va a tratar los datos personales de sus clientes, con causa en el cumplimiento del contrato que les vincule como base jurídica que legitima dicho tratamiento. Y, además, habrá que pedir autorización para la cesión de los datos a terceros e informar de sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, así como cumplir el resto de obligaciones establecidas tanto por la Ley de Protección de Datos como por el Reglamento General de Protección de Datos.

Por su parte, y al respecto de la prevención del blanqueo de capitales, la actuación del intermediario se deberá basar siempre en tres obligaciones fundamentales:

(i) deber de diligencia,

(ii) deber de información y

(iii) medidas de control interno; todas ellas con la finalidad de proteger la integridad del sistema financiero, identificando la titularidad real de la persona que vaya a realizar el negocio jurídico y el origen de los fondos.

El incumplimiento de la normativa de protección de datos y de prevención del blanqueo de capitales conlleva la imposición de multas que pueden llegar a ser extremadamente cuantiosas, por lo que nos encontramos ante dos deberes de diligencia en la intermediación inmobiliaria que, sin duda, hay que cumplir.

Luis J. Solana.-

La importancia de estar bien asesorado.

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