Indica el artículo 32 de la Ley 40/2015 que “los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”.

Además, en su apartado 4ª se matiza que si la lesión “es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada”. 

La plusvalía municipal tiene un claro encaje en este supuesto, conocido como responsabilidad patrimonial del Estado legislador, en tanto en cuanto, efectivamente, nos encontramos ante el pago de un impuesto declarado inconstitucional, supuesto de hecho de la indemnización por responsabilidad patrimonial analizada.

Y, según reciente doctrina del Tribunal Supremo, para que pueda prosperar esta reclamación deben darse los siguientes requisitos:

  • En primer lugar, que la lesión sufrida tenga su origen, precisamente, en la aplicación de aquellos preceptos, como son los artículos 107.1, 107.2 a) y 110,4 TRLHL, declarados inconstitucionales.
  • En segundo lugar, que el daño sea plenamente acreditable y cuantificable, lo que en los supuestos de plusvalía municipal supone poder acreditar no solo el pago del impuesto sino, además, la pérdida o falta de incremento de valor del terreno entre la adquisición y la transmisión.
  • En tercer lugar, debe haber un nexo de causalidad, que en el caso de la plusvalía se demuestra en tanto en cuanto de no haber existido los preceptos declarados inconstitucionales, no se habría pagado el impuesto y, por tanto, sufrido el perjuicio.
  • Y, por último, conforme al artículo 32.4 de la Ley 40/2015, se exige actualmente que “el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada”; requisitos clave para la viabilidad de la acción.

La responsabilidad patrimonial abre una vía alternativa para la obtención de un resarcimiento por el pago indebido de la plusvalía municipal.

Luis J. Solana

La importancia de estar bien asesorado.