Continúan las negociaciones para cerrar el acuerdo entre los partidos que forman la coalición de gobierno en el tema de desahucios mientras dure el estado de alarma.

Y todo apunta a que han llegado a un principio de acuerdo para aprobar compensaciones para los propietarios afectados, sean grandes propietarios (bancos y fondos de inversión fundamentalmente) o pequeños, con una cuantía que equivaldría al precio medio de los alquileres en el entorno en el que se ubique el inmueble.

Para su cálculo, se tendrían en cuenta los índices de referencia, más los gastos corrientes de la vivienda asumidos y acreditados por el arrendador desde que se decrete la suspensión del desahucio hasta su levantamiento.

Un decreto que en palabras de miembros del gobierno, busca ofrecer herramientas y una seguridad jurídica.

¿Quién compensará a los propietarios de viviendas desahuciadas?

Ya decíamos que estas medidas que se están estudiando y que están pendientes de aprobación, tendría en cuenta tanto a los grandes tenedores de vivienda como a los pequeños propietarios sin distinción.

Con ella, los propietarios, podrían solicitar a las administraciones públicas que se les pague una parte sustancial del alquiler que el inquilino no puede pagar sobre una vivienda de la que tampoco se le va a poder desahuciar y que de esta manera los propietarios podrían cobrar una parte del arrendamiento, hasta que finalice el estado de alarma, aunque aún está por concretar.

Queda por concretar el el papel de los servicios sociales a la hora de certificar la vulnerabilidad de una familia ante un hipotético  desahucio, aunque todo apuntaría que serán los profesionales asistenciales de cada comunidad autónoma y ayuntamiento, quienes tengan que presentar un informe en el juzgado, cuando los afectados por el desahucio aleguen vulnerabilidad.

Otro punto que también está pendiente de confirmar es si se va a aprobar la prohibición del corte de suministros básicos y si este punto va a ir en la medida que quiere aprobar el ejecutivo antes de las navidades.

El proceso de paralización de los deshaucios

El primer paso sería que la persona que está de alquiler en la vivienda solicite una suspensión extraordinario del desahucio o el lanzamiento ante el juzgado alegando estar inmerso en una situación de vulnerabilidad económica que le impide hacer frente al pago de las rentas mensuales acordadas con el arrendador.

En ese momento, el juzgado se lo comunicará a los servicios sociales que correspondan de comunidades autónomas o ayuntamientos según corresponda, para que valoren la situación de vulnerabilidad del inquilino, formulando una propuesta de las medidas a adoptar por la administración competente, en un plazo de diez días para los pequeños propietarios y de 15 días para los grandes tenedores.

Y la suspensión se mantendría hasta que se encuentre una solución habitacional para la persona o familia afectada mientras dure el estado de alarma.

Finalmente, serían los jueces los que decidirían si suspende o no la orden de desahucio hasta la aplicación de las medidas establecidas por los servicios sociales, y como máximo por el tiempo que reste hasta la finalización del estado de alarma .

Eso sí, si la situación de vulnerabilidad no queda acreditada, el lanzamiento podrá seguir su curso.