El acceso a la vivienda es el caballo de batalla de gobiernos centrales, autonómicos y ayuntamientos. La crisis económica volvió a poner de relieve, una vez más, la necesidad de buscar soluciones para que todos los ciudadanos de nuestro país tengan garantizado el cumplimiento del art. 47 de nuestra Constitución, ese que dice que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.”

La crisis que venimos arrastrando ha supuesto que muchas personas perdieran su vivienda y otras tantas tengan serias dificultades para acceder a una, y en este sentido, la vivienda de protección oficial es una de las herramientas más importantes para hacer política de vivienda, tanto en términos de adquisición como de alquiler asequible, aunque no la única.

El indicador de accesibilidad a la vivienda que publica la Estadística Registral Inmobiliaria señala que los hogares deben destinar cerca del 30% de su salario al pago de una hipoteca media, y en el caso de Aragón este porcentaje es del 24,89%. Esta magnitud cobra importancia en nuestro país considerando que el 85% de los hogares españoles son comprados, y que, del total de stock de vivienda, sólo el 2% es protegida.

Si echamos un vistazo a nuestros vecinos europeos, nos quedamos atrás. Según el observatorio Housing Europe, Francia posee un 17% de vivienda social, Finlandia un 16% y Los Países Bajos nada menos que el 33%, y si consideramos el stock de alquiler, la cifra en este país asciende al 75%. Otros países como Reino Unido o Austria tienen destinado algo más del 20% del conjunto de viviendas a personas en situación económica precaria.

Hay variedad de fórmulas para generar, gestionar y financiar vivienda social en Europa, desde instituciones privadas sin ánimo de lucro, empresas semi-públicas, cooperativas, ONG o instituciones públicas, aunque siempre bajo el control y normativa estatal.

El parque de vivienda social alemán, no supera el 5% del total del parque residencial. Los landers o provincias tienen la competencia en vivienda social y, además de gestionar la vivienda pública, fomentan el alquiler a precios controlados a todos aquellos propietarios de vivienda, a cambio de subsidios y otras ventajas. El Estado está encargado de legislar en materia de concesión de ayudas y control de precios de los alquileres, y este control se traduce en un menor esfuerzo económico de la población para acceder a un hogar.

En cuanto a la financiación de todas las actividades que conducen a garantizar un techo digno para aquellos sectores de la población más desfavorecidos, hablamos de varias fuentes: préstamos bancarios con condiciones ventajosas, incentivos a propietarios para promocionar el alquiler social en el sector privado, o recaudación de fondos de entidades privadas sin ánimo de lucro son algunas de ellas, todo ello sin perjuicio de la fuente principal que es el presupuesto estatal dedicado a tal fin.

Volviendo a España, si comparamos nuestra situación con la de aquellos países que tienen mejor resuelta la problemática de acceso a vivienda, faltan muchas cosas. De las 69.000 VPO entregadas en 2008 hemos pasado a las escasas 4.938 de 2.017, poniendo de manifiesto el descenso de presupuesto públicos destinados a vivienda. Otro hecho que no debe pasar inadvertido es el poco stock inmobiliario público con el que cuenta el Estado. Se han destinado fondos públicos a promover vivienda desde los años sesenta para vender a la población y el sector público no ha retenido stock para gestionar demanda social. Ha pasado el tiempo, las viviendas han perdido la condición de protegidas y han pasado al mercado libre.

También se echa en falta ese empuje desde el ámbito público a los tenedores de inmuebles para poner en el mercado pisos a precios regulados a cambio de beneficios fiscales, o de incentivar y facilitar la labor de cooperativas de vivienda a través de la cesión de terrenos y ayuda a la promoción de edificios protegidos. No se trata, en definitiva, de construir y solo construir, sino de poner todas las viviendas posibles en el mercado, ese lugar donde se supone que un demandante que necesita un refugio digno y asequible, encuentra a un oferente dispuesto y el Estado es capaz de garantizar un acuerdo beneficioso para todos.