Valor de referencia: ¿Cómo tributa ahora el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales?

9 diciembre, 2021
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La Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego, modifica la base imponible tanto del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados como del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sustituyendo la originaria remisión al “valor real del bien transmitido” por simplemente “valor del bien transmitido”; concepto que se equipara al valor de mercado, entendido como “el precio más probable por el cual podría venderse, entre partes independientes, un bien libre de cargas”.

Y matiza, en el nuevo apartado 2 del artículo 10 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que, en el caso de los bienes inmuebles, “su valor será el valor de referencia previsto en la normativa reguladora del catastro inmobiliario, a la fecha de devengo del impuesto”, salvo que el valor declarado, precio o contraprestación pactada fuese mayor, en cuyo caso se tomará como base imponible la mayor de tales magnitudes. Es decir, que la base imponible será siempre el mayor valor del bien inmueble de entre el valor, precio o contraprestación declarados y el valor de referencia o, a falta de este, el valor de mercado - recordemos, definido como “el precio más probable por el cual podría venderse, entre partes independientes, un bien libre de cargas”.

¿Qué es el valor de referencia?

Y el valor de referencia, conforme a la normativa catastral, es el valor que a cada inmueble otorgará el Catastro como resultado “del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las compraventas inmobiliarias efectuadas” en ámbitos territoriales homogéneos de valoración, a los que se asignarán módulos de valor medio de los productos inmobiliarios representativos y a los que, además, con el fin de que tales valores de referencia no superen el valor de mercado, se aplicarán los factores de minoración al mercado para bienes de una misma clase que determine el Ministerio de Hacienda.

La reforma del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales introducida por la Ley 11/2021, como decíamos, obliga al contribuyente, en el caso de operaciones inmobiliarias, a tributar siempre por el mayor de dichos valores, recordemos, de entre el valor, precio o contraprestación declarados y el valor de referencia o, a falta de este, el valor de mercado. Y si este es el valor de referencia, subraya, solo podrá ser impugnado cuando se recurra la liquidación que, en su caso, realice la Administración Tributaria o, si se ha tributado mediante autoliquidación, que es lo habitual, mediante solicitud de rectificación de la autoliquidación y devolución de ingresos indebidos, conforme a los procedimientos regulados en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; si bien, para la resolución de tal impugnación la Administración Tributaria recabará de la Dirección General del Catastro informe preceptivo y vinculante que ratifique o corrija el citado valor, a la vista de la documentación aportada.

¿Qué supone la actualización del ITP?

En conclusión, la nueva regulación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales supone:

  • Que la base imponible viene referenciada al valor del bien, entendido como valor de mercado, si bien, en el caso de bienes inmuebles, la referencia pasa a ser el valor de referencia.
  • La nueva regulación obliga a tributar por el valor más alto del bien inmueble de entre el valor, precio o contraprestación declarados y el valor de referencia o, a falta de este, el valor de mercado.
  • El valor de referencia solo se puede impugnar bien recurriendo la liquidación de la Administración o bien, en el caso e haber tributado mediante autoliquidación, presentando solicitud de rectificación de la autoliquidación y devolución de ingresos indebidos.

Y, una vez expuesta la nueva regulación, cabe preguntarse si la misma es acorde a la doctrina del Tribunal Supremo al respecto de la determinación de la base imponible del impuesto, de la que es referente la Sentencia nº 843/2018 de 23 de mayo de 2018 de la Sala Tercera del Tribuna Supremo, en cuyo Fundamento Jurídico Sexto determina que “el método de comprobación consistente en la estimación por referencia a valores catastrales, multiplicados por índices o coeficientes ( artículo 57.1.b) LGT ) no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real, salvo que tal método se complemente con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo.”

Y, sin embargo, lo que viene a hacer la reforma del impuesto por la Ley 11/2021, sustituyendo el concepto de de “valor real” por el de simple “valor”, con determinación directa al “valor de referencia” en el caso de bienes inmuebles, es hacer del método de comprobación de valores del artículo 57.1, b) de la Ley General Tributaria, que el Tribunal Supremo ha declarado como no idóneo, la regla general en la determinación de la base imponible del impuesto, invirtiendo la carga de la prueba de la determinación del valor del bien al imponer al contribuyente, como hemos visto, la obligación de recurrir la liquidación o solicitar la rectificación de su propia autoliquidación. Pues, el nuevo “valor de referencia” no deja de ser, en definitiva, un valor general que, aunque más cercano al valor de mercado en tanto resultado “del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las compraventas inmobiliarias efectuadas”, sigue sin ser el valor del bien concreto de cuya estimación se trata.

¿Y es esto conforme a Derecho?

En mi opinión, y conforme al principio de capacidad económica del artículo 31.1 de la Constitución, que debe regir todo el sistema tributario, y a la vista de la doctrina del Tribunal Supremo acerca del método de comprobación de valores, establecer como base imponible de un impuesto el valor de referencia, que “por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata” no es idóneo, no parece lo más apropiado a aquel principio de capacidad económica y al de seguridad jurídica que, en un Estado de Derecho, es deseable.

Luis J. Solana.-
La importancia de estar bien asesorado.

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