Desde la declaración del estado de alarma en marzo de 2020, por el Real Decreto 463/2020, se han dictado numerosas normas con el objetivo principal de paliar los efectos nocivos del COVID para la sociedad y, en particular, para aquellas personas en situación de vulnerabilidad social y económica.

En concreto, en materia de vivienda es especialmente importante el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

3 medidas para el beneficio de personas en vulnerabilidad económica ocasionada por la pandemia

En este Real Decreto-ley se regularon, en beneficio de aquellas personas en situación de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, como decíamos, las siguientes medidas:

  • Prórrogas extraordinarias por 6 meses de los contratos de arrendamientos cuyo plazo de vigencia concluyera durante el estado de alarma y los dos meses siguientes; medida que continúa en vigor respecto del vigente estado de alarma decretado por Real Decreto 926/2020 en virtud del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero.
  • Moratorias de las deudas arrendaticias respecto de aquellos arrendadores que fuesen entes públicos, empresas privadas o grandes tenedores, incluidas aquellas personas físicas con más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2; medida que también continúa en vigor hasta el fin del vigente estado de alarma decretado por Real Decreto 926/2020.
  • Y la posibilidad de suspensión de los procedimientos de desahucio arrendaticio respecto de aquellas personas vulnerables que no pudiesen encontrar una alternativa habitacional, atendidos los informes de los Servicios Sociales en relación, también, con la posible situación de vulnerabilidad de la persona arrendadora, inicialmente por un pazo de hasta 6 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2020; luego hasta el 31 de enero de 2021, conforme ampliación aprobada por el Real Decreto-ley 30/20; y actualmente modificado por el Real Decreto-Ley 37/2020 por un incidente judicial de suspensión extraordinaria del desahucio hasta la finalización del estado de alarma decretado por el Real Decreto 926/2020, prorrogado por el Real Decreto 956/2020 hasta el 09 de mayo de 2021.

¿Quién puede beneficiarse de la suspensión de los desahucios?

Sin embargo, la novedad esencial del Real Decreto-ley 37/2020, recordemos, de fecha 22 de diciembre, con las posteriores modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, consiste en la introducción de un artículo 1 bis en el repetido Real Decreto-ley 11/2020 que conlleva la suspensión judicial potestativa, hasta que termine el estado de alarma (09/05/2021), de los lanzamientos de vivienda habitual de personas sin título habilitante para su ocupación que cumplan los siguientes requisitos:

  • Que se encuentren en situación de dependencia o sean víctimas de violencia de género o con personas dependientes o menores de edad a cago.
  • Que las viviendas ocupadas sean propiedad de personas jurídicas o grandes tenedores;
  • Que la ocupación lo sea por razones de extrema necesidad.
  • Que muestren colaboración para encontrar una alternativa habitacional.
  • Que la ocupación no se haya producido con violencia o intimidación sobre las personas.
  • Que la vivienda ocupada no sea ni 1ª ni 2ª residencia acreditada de persona física o que, siendo propiedad de una persona jurídica, esté cedida a un tercero persona física por cualquier título.
  • Que no se estén cometiendo en la misma actividades ilícitas.
  • Que no debiera ocuparse la misma por un solicitante de vivienda social.
  • Y que su ocupación no se produzca tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 37/2020, recordemos, el 23 de diciembre de 2020, con sus modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 1/2021, en vigor desde el 21/01/2021.

Pues bien, aunque pudiera aparentar una legitimación de la ocupación de viviendas, en realidad, (i) se trata de una medida extraordinaria y urgente que está limitada en el tiempo: hasta que termine el actual estado de alarma (09/05/2020). Además, (ii) cuenta con la más importante garantía procesal de un Estado de Derecho: la suspensión del lanzamiento la valora y acuerda, en su caso, un Juez. Y (iii) solo se aplica respecto de personas vulnerables en situación de extrema necesidad que, con carácter previo a la entrada en vigor del Real Decreto-ley, hubiesen ocupado una vivienda que no sea ni 1ª ni 2ª residencia de un particular, sin violencia ni intimidación y con voluntad de colaborar en encontrar una alternativa habitacional.

Desde luego, en tanto afecta a un derecho fundamental, como el derecho de propiedad del artículo 33 de la Constitución, su regulación por real decreto-ley podría ser, incluso, inconstitucional. Sin embargo, es una medida, inicialmente, urgente y extraordinaria y respecto de una casuística muy concreta que, en mi opinión, no legitima la ocupación con carácter general sino que, junto al resto de medidas en materia de vivienda, como la prórroga de los contratos, la moratoria de las deudas arrendaticias o las suspensión de los procedimientos de desahucio, trata de asegurar un equilibrio social y económico, propio de un Estado Social y Democrático de Derecho, alterado claramente por efectos de la pandemia del COVID-19.

Luis J. Solana. La importancia de estar bien asesorado.

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