El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Derecho a la Vivienda, la primera ley que regula este aspecto en nuestro país en la Democracia. Dicho anteproyecto plantea, en su exposición de motivos, que se busca «una regulación homogénea de los aspectos más esenciales de las políticas de vivienda”. Entre los aspectos que se quieren poner sobre la mesa están, fomentar el parque público de vivienda o limitar el precio de los alquileres en zonas con un especial incremento en los últimos años, zonas denominadas tensionadas. Unas medidas que tendrán que ser adoptadas de forma definitiva por cada Comunidad Autónoma, ya que son éstas quienes ostenten la competencia sobre vivienda.

El Gobierno ahora abre un procedimiento de audiencia e información públicas que se prolongará varias semanas antes de pasar al Congreso de los Diputados. El Ejecutivo central quiere que se comience a tramitar antes de febrero del año 2022 en la Cámara Baja.

Zonas tensionadas del alquiler

Para conseguir los objetivos planteados, se recogen diversas medidas centradas fundamentalmente en el régimen de alquiler.  Por un lado, se quiere tratar el ajuste de precios en zonas tensionadas: El documento plantea que los grandes propietarios, es decir, quien tenga más de 10 viviendas en su propiedad, tendrá que bajar sus precios hasta que se sitúe en límite del índice de referencia de cada zona. Para el director del Grupo de Análisis del Mercado Inmobiliario esta medida no tiene sentido ya que “donde se ha aplicado se ha conseguido el efecto contrario. Hay que generar incentivos”.

Estas medidas, en principio, no tendrán repercusión en la Comunidad Aragonesa al no estar ninguna localidad dentro de los parámetros marcados en la ley como zona tensionada. Un anteproyecto que también busca el descenso de precios con incentivos fiscales para los pequeños propietarios que bajen el precio del alquiler respecto al contrato anterior.

Parque público de viviendas en alquiler

Por otro lado, el Ejecutivo pretende aumentar el número de viviendas de alquiler en el mercado. La medida más polémica es la reserva del 30% en la construcción de nuevas promociones para aumentar el parque público dirigido al Alquiler Social. Luis Fabra tampoco lo ve positivo para el sector. “Decirle a las promotoras reestructuradas desde 2012 que sus suelos no tienen la misma edificabilidad que lo previsto va a condicionar la viabilidad de muchas empresas”, indica. Desde Gamerin insisten en que el Estado “puede hacer lo que considere en suelo público y no hay que entrar en los derechos de cada promotora”. Además, augura “graves problemas de sustento legislativo”.

Por último, la nueva norma incluirá la creación de un bono joven de vivienda dotado con 250 euros mensuales durante los próximos dos años. Podrán beneficiarse los jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos anuales inferiores a 23.725 euros.