Solo 13 días después de que el Tribunal Constitucional anunciara la ilegalidad del cálculo del impuesto de Plusvalía municipal, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley que reforma este impuesto y que pretende devolverlo a la legalidad.

Unos cambios que incluyen varias novedades importantes:

  • La primera es que habrá dos formas de calcular la plusvalía municipal y el contribuyente podrá elegir en la que menos paga
  • Y la segunda es que, a partir de ahora, también las personas que hayan comprado y vendido su vivienda en menos de año tendrán que pagar el impuesto.

Un decreto que establece, asimismo, que las operaciones realizadas entre la publicación de la sentencia del Constitucional y la aprobación del decreto en el Consejo de Ministros no tendrán que pagar plusvalía.

¿Tengo que pagar plusvalía si vendo más barata mi casa de lo que la he comprado?

Asimismo, el nuevo decreto adapta cuestiones también declaradas ilegales en el anterior decreto y deja claro que si no hay aumento de valor no hay que pagar. Para ello se deberá constatar a instancias del contribuyente que no se ha obtenido ganancia alguna.

En el caso contrario, que haya beneficio, se podrá calcular el impuesto de dos maneras y liquidarlo en función de las conveniencia del contribuyente. O en función del valor real de compra y venta o a través de un sistema basado en el valor catastral en cada momento.

El cálculo más complicado es este último. Se sustituyen los porcentajes anuales aplicables sobre el valor catastral del terreno por unos coeficientes máximos, en función del número de años transcurridos desde la operación. Cada ayuntamiento podrá decidir si rebaja estos coeficientes situándolos entre el 15 y el 30% para garantizar “que el tributo se adapte a la realidad inmobiliaria de cada municipio”. De esta manera, este último cálculo será el resultado de multiplicar el coeficiente decidido por cada Consistorio por el valor catastral del suelo en el momento de la liquidación.

Según indica el Ministerio de Hacienda, a partir de ahora, el impuesto vuelve a estar en vigor lo que evita el riesgo de que los ayuntamientos sufran una merma de recursos que pueda suponer un aumento del déficit o el deterioro de los servicios que prestan a los ciudadanos.