El sector inmobiliario tiende habitualmente de forma natural hacia la autodestrucción

Normalmente, cuando todo parece que evoluciona positivamente en el sector inmobiliario, entendiendo como tal el aumento del número de compraventas, la recuperación de precios, la mejora de las rentas por alquiler, la dinamización en definitiva del sector, suelen surgir propuestas, medidas, normalmente desde el sector público, que pretenden buscar soluciones «mágicas» que resuelvan problemas muy concretos, pero que afectan de forma general al sector, habitualmente en sentido negativo, dando lugar a males mayores y, frecuentemente, también globales.

Los últimos meses son una muestra de esta realidad. El mercado inmobiliario está presentando una dinámica muy favorable desde 2014 después de un largo tránsito de duro ajuste, con efectos negativos a nivel económico y social. Esta recuperación del sector está afectando favorablemente a diversos ámbitos: las familias recuperan el valor de su principal activo, tienen mayor facilidad para hacer líquido dicho activo en caso de necesidad, el sector público mejora su recaudación a través del sector inmobiliario, su principal fuente de recursos, la recuperación del empleo en el sector inmobiliario está siendo un hecho, generando nuevamente una notable actividad….

Sin embargo, a pesar de esta evolución positiva de forma natural, sin intervención pública, por el mero hecho de que los profesionales y particulares han adoptado decisiones coherentes en sus diferentes papeles dentro del sector inmobiliario, surge la búsqueda de problemas y la aportación de soluciones «mágicas» desde el sector público. De este modo, se anuncian  medidas de política de vivienda enfocadas a la modificación de la Ley de arrendamientos urbanos, un nuevo incremento de la actividad pública en la producción de vivienda, la imposición de restricciones al alquiler turístico y un cada vez más amplio etcétera.

En un artículo publicado en semanas precedentes analizaba el caso de la intervención del sector público en la producción de vivienda para alquiler. En este artículo me centraré en el caso del alquiler turístico, un claro ejemplo de autodestrucción del sector inmobiliario desde la intervención pública.

Constantemente recibimos noticias acerca de la intervención en dicho sector, las necesidades de restricción y ya en muchos casos de prohibición y extinción en determinados municipios. En general, se traslada una percepción muy negativa de lo que supone el alquiler turístico. Sin embargo, ocurre precisamente lo contrario, el alquiler turístico es una figura del máximo interés para el sector inmobiliario y para no pocas familias, no precisamente adineradas. Por supuesto debe contar con una regulación básica que permita dar coherencia a dicha actividad, pero a partir de ahí, es una auténtico foco de generación de actividad económica, con lo que ello supone.

Resulta fácil para un gestor público que asume la responsabilidad de que no haya  vivienda en alquiler, decir que el problema es el alquiler turístico, ya que a un particular le genera mucha mayor renta tener la vivienda en alquiler turístico que en alquiler tradicional (estable y continuado). Sin embargo, no se hace referencia a que, como explicamos en un artículo previo, el verdadero origen del problema está en la ausencia de defensa de derechos del propietario, limitando significativamente el interés de propietarios a sacar al mercado de alquiler viviendas vacías. Nuevamente el problema está en el legislador y el gestor de la aplicación de la legislación: el sector público.

El alquiler turístico es una opción fantástica para nuestro país. Atraemos millones de turistas, que dan lugar a una ocupación prácticamente absoluta de las plazas hoteleras disponibles (por cierto, limitadas desde hace no pocos años en determinados municipios), y que si no existiera la opción del alquiler turístico, se irían a otros países, por lo que ya no consumirían en nuestros restaurantes, no visitarían nuestros monumentos, no alquilarían nuestros coches…. en definitiva, no generarían actividad económica en España, por lo que no se generaría un incremento de empleo como el actual, ni el PIB crecería en el mismo sentido…. y todo esto entiendo que es importante para un país.

Pero es que además, el alquiler turístico permite que familias propietarias, no necesariamente pudientes, pongan en valor sus inmuebles, dando lugar a una fuente de ingresos complementaria, que en no pocos casos permite complementar otras fuentes de ingresos reducidas o incluso nulas. En muchos municipios las familias son los auténticos oferentes de vivienda turística, generando actividad y la consecución de recursos para dichas familias.

Asimismo, en la mayoría de casos de alquiler turístico, dicho alquiler supone tener asociado un servicio de limpieza, recepción y despedida del inquilino… realizado mayormente por empresas especializadas en alquiler turístico, complementando actividades de intermediación inmobiliaria, por lo que nuevamente estamos ante una situación de creación de empleo y generación de recursos para dichas empresas.

No pocos extranjeros que optan por el alquiler turístico, fundamentalmente en zonas de costa, acaban comprando vivienda en España, dando lugar nuevamente a un efecto positivo sobre el mercado inmobiliario.

Todo este conjunto de situaciones deben contar, obviamente, como hemos señalado, con una regulación, existiendo un registro de viviendas turísticas, unas obligaciones y derechos de aquellos que opten por ofertar sus viviendas en esta modalidad, en definitiva, un marco estable de actuación, pero no sólo manteniendo esta interesante figura, sino incluso fomentando su existencia y crecimiento en aquellos ámbitos de escasa oferta hotelera.

Constituyen un ámbito de creación de riqueza con notables efectos positivos para nuestro país, por tanto, una vez más, optemos por aprovechar las oportunidades que se nos presentan para crecer y no por eliminar cualquier signo positivo que el mercado inmobiliario nos depara.

El sector inmobiliario es el principal generador de recursos para las arcas públicas, por tanto, bromas las justas. La crítica constante al sector y la intervención sobre el mismo no debería ser visto como algo que se asume con deportividad, sino que, dadas las consecuencias de una reducción de la actividad inmobiliaria (reducción de recursos públicos y, por tanto, reducción de recursos para destinar a sanidad, educación, ayudas sociales…) debería exigirse un mayor grado de respeto, de forma que cualquier medida que pudiera producir efectos negativos sobre el sector inmobiliario debería ser contrarrestada argumentalmente. El sector inmobiliario debe ser más exigente hacia su merecido respeto.