Recientemente el Ministro de Fomento anunciaba en el Congreso las líneas maestras de su política de vivienda durante los próximos años. Una vez más el intervencionismo y la falta de enfoque caracterizaron las citadas medidas, algo que se viene repitiendo en política de vivienda durante las últimas décadas, con independencia del color político.

En el país de la OCDE con un mayor número de viviendas por habitante se adopta como solución construir más vivienda desde el sector público. Un contrasentido. Sin embargo, esta línea de actuación ya se siguió erróneamente en el pasado, cuando el sector público fomentó el mayor volumen de construcción de vivienda con ayudas públicas, cuando desde el sector privado se estaba igualmente en máximos de edificación de vivienda. Entonces también se entendió que construir vivienda ayudaba a aquellos que no podían acceder a los precios de la vivienda libre, sin embargo, se ayudó a convertir en propietarios insolventes a ciudadanos cuya opción más razonable habría sido el alquiler y no la propiedad.

Un mercado inmobiliario sano debe contar con un porcentaje elevado de vivienda destinado a alquiler. Las cifras de personas que optan por el alquiler de vivienda se ha elevado en los últimos años de forma significativa. Este hecho ha provocado un alza de precios, que ha llevado a que se hable de «burbuja» en el precio del alquiler de vivienda, haciendo referencia al hecho de que en muchos municipios de la geografía española el precio de la vivienda en alquiler se encuentra por encima de lo que podría considerarse como razonable.

¿Cómo solucionar este problema cuando contamos con un mercado con tanta vivienda edificada? Desde luego no construyendo vivienda para alquiler desde el sector público. El verdadero problema está en el lado de la oferta. Con una demanda creciente, la oferta es estable o incluso descendente. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque no existe seguridad jurídica para el propietario. No se garantiza algo tan sencillo como el cumplimiento efectivo del contrato de alquiler.

¿Qué necesita un propietario de vivienda vacía para tomar la decisión de sacarla en oferta al mercado de alquiler? Dos cosas muy sencillas que deberían garantizare sí o sí: cobrar la renta pactada en contrato y la devolución de su vivienda en condiciones adecuadas una vez cumplido el contrato. Si un inquilino no paga la renta de la vivienda, dicha vivienda debería volver inmediatamente a disposición del propietario para su posterior arrendamiento. Si una vivienda se devuelve en condiciones inadecuadas, el inquilino debería asumir la responsabilidad de dicha situación.

Por el contrario, se anuncia una vuelta atrás en la legislación del arrendamiento, volviendo a poner en el punto de mira los intereses del inquilino. Sin embargo, el mayor favor que se le podría hacer a los inquilinos «cumplidores» es garantizar los derechos del propietario, ya que se verían favorecidos de un efectivo descenso del precio del alquiler como consecuencia del aumento de la vivienda ofertada en alquiler.

La mejor vía para reducir el precio del alquiler es garantizar los derechos del propietario.

Mientras se sigan manteniendo los largos periodos de recuperación de las viviendas ante situaciones de impago, la intensificación en la ocupación de viviendas, la impunidad ante los daños causados en vivienda arrendadas…., difícilmente existirá un ánimo desde los propietarios a alquilar sus viviendas, quedando el mercado de oferta de vivienda en alquiler en manos de unos «valientes» que están dispuestos a asumir un riesgo, en muchos casos cubiertos a través de seguros de impago, avales…, pero siempre con la generación de unos costes adicionales innecesarios si existiese una efectiva seguridad jurídica en el mercado del alquiler de vivienda.

Una política efectiva que redujese el precio del alquiler de la vivienda debería pasar por fomentar dicha seguridad jurídica, y esta medida no exige gastar dinero público del que no se dispone, simplemente exige legislar.